La XXXVII Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), que fue convocada el martes para abordar la situación de Honduras tras el golpe militar que tuvo lugar el domingo en ese país centroamericano, se reanudará a las 17.00 GMT.
El canciller argentino, Jorge Taiana, que preside ese periodo extraordinario de la Asamblea General de la OEA, ha indicado que en la reunión de hoy se tratarán "eventuales sanciones a Honduras si las autoridades de facto no restituyen al presidente Manuel Zelaya".
Sanciones
Esas sanciones no serían otras que la suspensión de Honduras en el organismo interamericano, establecida en la resolución que los cancilleres de los 34 países miembros de la OEA aprobaron el miércoles de madrugada en Washington.
En la reunión de la OEA de hoy, los cancilleres de los 34 países miembros escucharán previsiblemente el informe sobre las gestiones diplomáticas que ha efectuado el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para recuperar la institucionalidad democrática, el estado de derecho y la restitución de Zelaya en Honduras.
Sin efecto
Insulza estuvo el viernes en Tegucigalpa para notificar a los actores políticos de las implicaciones de la resolución y tratar de convencerles de que necesitan "cambiar lo que han estado haciendo" hasta ahora y "encontrar maneras de retornar a la normalidad". De momento, sus gestiones no han surtido efecto.
La Corte Suprema de Honduras dijo el viernes a Insulza que la salida del poder de Manuel Zelaya "es irreversible", a la vez que el nuevo Gobierno afirmó que "no es negociable" una vuelta del depuesto presidente al poder y reiteró que si regresa al país será detenido.
El artículo 21 entraría en vigor con dos tercios de los votos de los Estados, que suspenderían por primera vez a un país miembro de la OEA desde que se firmó la Carta Democrática Interamericana el 11 de septiembre de 2001 en Lima (Perú).
Segunda suspensión
En la historia de la OEA sería la segunda suspensión después de la de Cuba en 1962, aunque en aquella ocasión no fue por un golpe de Estado, sino por los vínculos con el bloque chino-soviético de ese país, y tampoco existía la Carta Democrática Interamericana.
Una posible suspensión de Honduras implicaría para Tegucigalpa, más allá del aislamiento político y diplomático, perder las ayudas económicas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su exclusión de la Junta Interamericana de Defensa (JID).
No obstante, Honduras tendría que seguir cumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, según lo estipulado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA, explicaron a Efe fuentes diplomáticas.